Una que se repite por estos días es la que llevan adelante desconocidos que publican en redes sociales avisos con supuestas propiedades en alquiler, exigiendo la entrega de una seña para realizar la reserva del inmueble.

El engaño es desarrollado con fotos tomadas de Internet y en muchos casos se trata de viviendas que están ocupadas por sus legítimos dueños.

Esta situación requiere extremar las precauciones para evitar ser víctimas de estos individuos.

Un vecino de Ingeniero White, por ejemplo, alertó recientemente por una publicación realizada por un usuario (se presume con un perfil falso) de Facebook en un grupo de esa localidad ofreciendo su casa en alquiler.

El hombre mencionó que tomó conocimiento de la situación cuando su propio hermano lo llamó y le preguntó si había tomado la determinación de rentar la propiedad.

Indicó que los delincuentes aparentemente tomaron de Google Maps una imagen del frente de su vivienda y la utilizaron para realizar la publicación.

También manifestó que agregaron otra serie de fotos, supuestamente del interior de la casa, pero que no corresponden a su inmueble (algunas fueron utilizadas en varios avisos). 

Comentó que poco después varias personas que lo conocen también le mencionaron lo que estaba sucediendo y que incluso algunos interesados se acercaron hasta el domicilio para ver la casa y allí descubrieron la estafa.

Contacto y engaño

Estos últimos le comentaron que el falso locador brinda un teléfono con características de nuestra ciudad y el contacto lo lleva adelante, exclusivamente, a través de la aplicación de WhatsApp.

En este tipo de casos los estafadores aprovechan la necesidad de las personas que quieren alquilar y generalmente les dicen que hay más interesados, por lo que les piden una transferencia de dinero a modo de seña para reservar la propiedad.

El vecino de White dijo que  tomó conocimiento de que al menos una persona habría transferido una suma de 150 mil pesos sin sospechar del engaño.

Trascendió que para realizar el pago, el supuesto arrendador dio un CBU que, en principio, correspondería a una persona con domicilio en Córdoba.

Refirió que a poco de denunciar a través de las redes lo que estaba sucediendo el aviso desapareció.

También se supo que el mismo usuario habría realizado publicaciones ofreciendo propiedades en Villa Mitre y General Daniel Cerri.

Con un profesional

El presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de nuestra ciudad, Carlos Esteban, señaló que al momento de alquilar es importante acudir a los profesionales matriculados en la entidad.

“Es una persona que le va a ofrecer las garantías necesarias para estos casos y el respaldo del Colegio”, indicó.

Mencionó que los representantes se dedican a “controlar el ejercicio legal de la profesión”.

También aconsejó consultar a la página web www.cmycbb.org.ar, donde figuran los martilleros matriculados y autorizados.

Esteban recordó que hace algunos meses detectaron que delincuentes habían alterado los teléfonos de algunas inmobiliarias de la ciudad en Internet, por lo que recepcionaban llamadas de interesados y ponían en marcha el plan para estafarlos.

“Pasó con mi firma, entonces hablaban con la gente, le pedían una seña y cuando se acercaban al local se daban cuenta que no se habían comunicado con nosotros. Lo denunciamos como Colegio en la fiscalía y también hubo algunas presentaciones de inmobiliarias de manera particular”.

Consejos y preservación de la prueba

Prestar atención. Fernando Branciforte, director del Instituto de Derecho Informático del Colegio de Abogados de nuestra ciudad, manifestó que frente a la intención de alquilar a partir de un aviso publicado en redes sociales “es recomendable revisar el perfil de la persona con la que se va a llevar adelante la operación, para confirmar que no sea falso, que no sea reciente y que haya tenido interacciones”.

Precaución. El letrado también señaló que se debe evitar realizar transferencias de dinero “hasta haber visto a la persona y estar seguro de que es real el ofrecimiento que se está haciendo. En estas situaciones muchas veces presionan a las víctimas con que hay varios interesados. Generalmente ocurre que luego de la entrega de la plata no responden más o bloquean al damnificado”.

Pruebas. Frente a las estafas es necesario preservar los diálogos con los delincuentes para poder denunciar la situación y brindar información a las autoridades. “Se recomienda guardar todas esas conversaciones, no bloquear al usuario ni apagar todo enseguida, porque se pueden perder los mensajes y después no se puede acceder”.

Más elementos. “Es necesario preservar el perfil de la persona, hacer capturas de pantalla y de cómo figura en la web. Cada usuario o perfil está identificado con un nombre y un número, por lo que es necesario registrarlos para poder investigar”, agregó Branciforte.

Gabriel García Gurrea, de 46 años, fue visto por última vez el 19 de mayo de 2021, cuando tras una presunta discusión con su pareja se retiró de un departamento del microcentro. Desde ese momento y hasta hoy no existen certezas sobre lo que sucedió.

Allanamientos, secuestros de elementos, rastrillajes con perros adiestrados y otra serie de medidas ordenadas por la fiscalía no arrojaron resultados suficientes para avanzar con imputaciones.

En una causa conexa a la de García Gurrea, la Justicia bahiense absolvió a Marcelo Campetella, acusado de falso testimonio en la IPP por el homicidio.

En mayo de 2023 a Pamela Antúnez, pareja del hombre desaparecido y vecina y supuesta amante de Campetella, también se la declaró libre de culpa y cargo respecto del delito de falso testimonio. Pese a las sospechas, nunca fue imputada por el crimen.

Desilusión

"Uno está un poco desilusionado, porque a pesar del tiempo transcurrido no se ha logrado siquiera tener sospechosos firmes de todo lo que puede haber pasado", señaló el hombre.

García agregó que "es una historia larga y con muchos capítulos. Parece una novela pero no es ficción y todo lo que ha pasado es realidad".

El caso fue caratulado como homicidio y es llevado adelante por el fiscal Jorge Viego, a cargo de la UFIJ Nº 5.

"Hace bastante tiempo que no tenemos ningun tipo de novedad. En lo que a mi respecta pareciera que se estuviera en un callejón sin salida, pero yo voy a seguir buscándola. Siempre de una manera pacífica, pero también es cierto que la paciencia se agota".

Meses atrás se conoció la novedad de que la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI), de la Procuración General de la Nación, comenzó a cargar información de la causa en el sistema de identificación Nombrar, con alcance nacional.

El mecanismo consiste en una base de datos unificada para el registro y procesamiento de información de personas fallecidas sin identificar o con paradero desconocido, a fin de entrecruzar patrones de interés para la investigación y detectar coincidencias para la identificación de individuos.

García afirmó que seguirá reclamando justicia.

"Es una decisión inclaudicable. El motivo de mi reclamo es para que no se olvide", finalizó.

El jefe de Policía de Misiones, comisario general Sandro Martínez, inició gestiones de último momento para intentar acercar posiciones y destrabar el conflicto, que se originó el viernes a la madrugada.

Asimismo, indicaron que hay avances en las negociaciones entre los voceros de los manifestantes y las autoridades policiales, más allá que en la reunión anterior no se había presentado una nueva propuesta salarial.

En esta ocasión se exploran alternativas para satisfacer las demandas de los trabajadores.

Martínez logró el retiro de la Infantería y arribó al lugar para encarar las tratativas, luego de que ese domingo por la mañana llegaran a la zona fuerzas federales, conformadas por Policía Federal, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional.

Las negociaciones se llevan a cabo con los referentes de la manifestación, los retirados Ramón Amarilla y Germán Palaveccino, además de un comisario de apellido Gentili, designado como "negociador" por el comité de crisis conformado con intervención del Ministerio de Seguridad de la Nación.

"Hay un principio de acuerdo. Por eso se va a retirar la Infantería. El diálogo se ha reinstaurado. Le demostramos al jefe que la seccional está funcionando normalmente. Por favor no generemos conflictos ni peleas", indicó Palavecino, quien además indicó que como parte del acuerdo el jefe de la Policía solicitó la devolución de los móviles tomados para la protesta.

Las fuerzas federales llegaron al lugar este domingo por la mañana, cerca de las 9:20, generando una escenario de máxima tensión que se tradujo en empujones en una de las esquinas lindantes, aunque el encontronazo se desactivó a los pocos minutos y la situación no pasó a mayores. (NA)

Debido a las heridas, la víctima debió ser trasladada al hospital Penna, en Bahía Blanca.

El hecho ocurrió en la tarde de este domingo, en una vivienda del barrio Centenario.

En ese lugar, Tamara Guerrero Mastrángelo ingresó sin autorización al domicilio de su expareja, Matías Rojas, de 29 años, y luego de una discusión, con una navaja le asestó dos puñaladas en la espalda, provocándole dos heridas punzocortantes.

En un primer momento, el hombre fue derivado a un hospital local pero luego fue derivado a Bahía Blanca.

De acuerdo al parte médico, Rojas fue enviado al hospitala Penna para ingresarlo en cirugía y realizársele las suturas correspondientes. Las heridas se produjeron en la región posterior escapular derecha, de 3 centímetros de profundidad, y en la lumbar izquierda, de 6 centímetros.

Interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 15.

La causa está caratulada como lesiones agravadas y violación de domicilio.
 

Si sufrís violencia de género, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.

El hecho ocurrió cerca de las 8.30, en la intersección de Necochea y Bouchard.

En ese lugar colisionan un Peugeot 205 al mando de un hombre de 25 años (ileso), con un Renault Twingo conducido por una mujer de 36 años.
Debido a los golpes, esta última debió ser atendida en el lugar por traumatismos leves de cráneo y muñeca, sin necesidad de traslado.

Al realizarse los controles correspondientes de alcoholemia, el conductor dio positivo, con 0,52 gramos de alcohol por litro de sangre en el primer test y 0,57 en el segundo; además, se negó a realizar el test de drogas. La mujer dio negativo en ambos casos.

El vehículo y carnet de conducir del hombre quedaron retenidos, a disposición del juez de faltas. 

Intervino la policía de cuadrícula, personal de Tránsito Urbano y la guardia de Defensa Civil.

Esta persona se había comunicado con la mujer, diciéndole que era un policía y le informaba que su hija había tenido un accidente. En este marco, le informaba que debía entregar dólares para devolverle el auto y no culpar a su hija.

Al llegar al domicilio, el estafador fue atrapado por la policía, que había sido puesta sobre aviso por un nieto de la mujer.

El delincuente capturado es Lucas Brachetti, de 30 años, y oriundo de Capital Federal. Su acompañante consiguió escapar en un Renault Fluence gris,

En poder de Brachetti se incautaron 1.300 dólares y 4.000 pesos que, en estos momentos, están siendo investigados como posible producto de algún ilícito similar.

Investiga la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1.

El hecho ocurrió pasadas las 3 de la mañana, en O' Higgins 98.

En ese lugar, personal del Comando de Patrullas demoró a Valentín Muller, de 24 años, y a Jorgelina Hernández, de 18, quienes estaban realizando pintadas sobre las cortinas de hierro del comercio Megashop.

Además, se secuestró un aerosol de esmalde sintético.

Interviene el Juzgado Correccional Nº 1.

La medida alcanzó a la sargento Marianela Soledad Frank (36), a quien imputan del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad comercio en calidad de partícipe secundaria.

Los camaristas Pablo Candisano Mera y Silvia Mónica Fariña ratificaron el fallo del juez de primera instancia, Walter López Da Silva y, a su vez, le trabaron a la policía un embargo sobre bienes y/o dinero de hasta 2,5 millones de pesos y le fijaron como reglas de conducta no poder salir del país sin autorización, fijar residencia y comunicar cualquier cambio de domicilio.

En la apelación ante la Cámara, los defensores particulares Ariel Zara y Juan Sebastián González habían pedido el sobreseimiento de la mujer al considerar "insuficiente y único elemento de cargo" una conversación telefónica que tuvo con su sobrino Pablo Ezequiel Frank, el 25 de octubre pasado, día del allanamiento que terminó con la detención de su hermano, Pablo Ernesto y de su cuñada, Ayelén Alejandra Morales.

Explicaron los abogados que los datos que la sargento aportó ya eran conocidos y que lo que ella sabía de la actividad de su hermano lo conocía por su parentesco y no por su función policial.

Los camaristas no fueron convencidos por esos argumentos y ratificaron el procesamiento de Marianela Frank.

Entendieron como importantes algunos pasajes de aquella conversación con su sobrino -luego detenido en la causa-, el mismo día que en la casa de su hermano, en La Plata 238 de Punta Alta, encontraran un ladrillo de más de 400 gramos de cocaína, entre otros elementos de prueba.

"Cuántas veces les dije: es plata fácil, pero tenían que ser más vivos", le recriminó la uniformada a su sobrino.

"Tía, sabés lo que pasa, sabés lo que pasa, que vos te pensás que nosotros no le decimos eso a papá, pero él es que no, tía. Le dije, pagamos un alquiler, pagamos uno aparte vámonos lo tenemos en otro lado Nato y él no quería tía", le respondió el sobrino.

Romper el chip

La sargento, además, le preguntó con qué abogado habían buscado asesoramiento, le remarcó que ella era "policía" y no le iban a dar mucha más información del operativo.

También le pidió a su sobrino que rompiera el chip del celular con el que se había comunicado y coordinó una nueva llamada desde otro teléfono.

La Cámara explicó que Frank, "en su carácter de sargento de la Policía", tiene "especial conocimiento de información calificada sobre las técnicas de investigación y persecución de delitos".

"De las transcripciones de los diálogos mantenidos se advierte la recomendación de la agente policial a su sobrino sobre los recaudos que deberían haber tenido, se advierte su enojo porque no siguieron su consejo. Especialmente el conocimiento de primera mano respecto al resultado del allanamiento que se llevó a cabo ese día –25/10/2023– el estupefaciente incautado, la positividad respecto del mismo.

En ese sentido, ella refirió en la charla "le encontraron todo, vos, la primera vez cuando se supo que fueron a lo de la abuela y era para él, vos cuando te llevaste todo, ustedes tendrían que haber dicho listo acá está, ya está".

Los jueces también destacaron "el asesoramiento" que la policía le brindó para alquilar otro domicilio donde realizar las maniobras delictivas.

Candisano Mera, con el apoyo de su colega Fariña, consideró que el procesamiento de la policía no presenta defectos de arbitrariedad por deficiente fundamentación, como alegaron los defensores.

"El grado de participación de la encausada resulta ser secundario –en el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio, agravado por su condición de funcionaria pública–, esto es así teniendo en cuenta que la imputada estaba al tanto de las maniobras desplegadas por su hermano y sobrino y participó al menos en la materialidad de tramos de sus conductas", dijeron los camaristas.

Si bien no detentó el dominio del comercio, prestó colaboración y asesoramiento para la comisión del delito, a partir de sus conocimientos por la labor en las fuerzas de seguridad.

Por último, descartaron la posibilidad de que la conducta haya configurado solo un abuso de autoridad, porque la acción no fue ejercida de manera arbitraria y dentro de la propia función.

En su caso omitió denunciar el delito que conoció y vulneró su servicio como funcionaria policial, al impedir la persecución de delitos especialmente graves, reprimidos por normativa local e internacional como es el narcotráfico.

Lo denunció otra mujer policía

Dos meses antes. La investigación que derivó en el allanamiento de fines de octubre en Punta Alta se originó en agosto de 2023 y fue por la denuncia de una oficial principal de la misma fuerza que integraba Frank.

Dato. Dijo la denunciante que hizo la presentación a partir del dato que dio a conocer una persona que no quiso dar su nombre por temor a represalias. Aseguró que en La Plata 238 vendían drogas.

Investigación. La fiscalía estableció que en la casa de Frank había "pasamanos" y una gran cantidad de "clientes". Intervinieron las líneas telefónicas.

Allanamiento. El operativo permitió el secuestro de 402 gramos de cocaína compactada (70.7% de pureza), una balanza de precisión, recortes de nylon, plantines de cannabis y semillas, pastillas varias y 1,2 millón de pesos en efectivo. Ese día fueron detenidos Pablo Ernesto Frank y Ayelén Morales. Meses después arrestaron a Pablo Ezequiel Frank

Competencia. Al determinar que la actividad excedería la venta al menudeo, la Justicia provincial giró las actuaciones a la Justicia Federal, que avanzó con la causa y procesó a todos los involucrados. Solo está detenido Pablo Ernesto Frank.
 

El procedimiento, solicitado por la UFIJ N° 7 y autorizado por el Juzgado de Garantías N° 1, fue llevado adelante por efectivos de la Estación de Policía Comunal de Médanos y la Patrulla Rural.

Los voceros señalaron que los uniformados inspeccionaron un inmueble ubicado en calle Malvinas al 800, donde secuestraron una camioneta Ford F100, una garrafa y un teléfono celular.

Los elementos fueron puestos a disposición de la fiscalía, que determinará los pasos a seguir en la causa judicial.

Según detallaron, alrededor de las 21:15 ingreso un ladrón al local ubicado en una de las esquinas más transitadas del barrio.

Tras amedrentar a la empleada con un arma de fuego, se llevó una suma no especificada de dinero de la caja y se dio a la fuga a pie, de acuerdo con lo que informó la Comisaría local.

Añadieron que se montó un operativo cerrojo para intentar dar el delincuente y que investiga el caso la DDI puntaltense.

El hecho se produjo poco después de las 2, cuando los operadores de las cámaras del Centro Único de Monitoreo (CEUM) advirtieron que los adolescentes pretendían sustraer un rodado estacionado en Gorriti al 300 y dieron aviso a la policía.

Efectivos del Comando de Patrulla y de la Policía Local se dirigieron al sitio, aunque al advertir la llegada de los uniformados los imputados escaparon corriendo.

Poco después los jóvenes, de entre 16 y 17 años, fueron interceptados y aprehendidos en el sector de Castelli al 200.

En poder de uno de los acusados la policía incautó una ganzúa, mientras que comprobaron que la moto Gilera que intentaron robar presentaba daños en el tambor de arranque.

Los menores fueron trasladados a la seccional Segunda y puestos a disposición de la UFIJ N° 3 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Se trata de un fallo del juez Sebastián Foglia, a partir de un acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre el fiscal, los defensores y los propios acusados de obligar a desarrollar la actividad sexual a no menos de 16 mujeres de origen paraguayo y algunas brasileñas y dominicanas.

Las víctimas, al parecer, vivían en distintos domicilios de Bahía Blanca pero "trabajaban" en dos bares de Mayor Buratovich y Pedro Luro, con fecha incierta pero anterior al 11 de diciembre de 2013 y hasta el 14 de abril de 2015.

La principal condena recayó en Héctor Luis Toto, de 62 años, con domicilio actual en Holdich al 1700, quien recibió 5 años de prisión tras ser acusado del delito mencionado en calidad de autor.

Su pareja, la paraguaya Gricelda Correa González (38 años y nacida en Ciudad del Este) fue sentenciada a 2 años y medio de prisión en suspenso, como partícipe secundaria.

También fueron condenados Maximiliano Héctor Toto (36), hijo de Héctor, quien recibió 3 años de prisión de ejecución condicional y Carlos Alberto Mercere (66), quien era encargado de los locales y le impusieron 2 años y medio en suspenso. Ambos también por participación secundaria.

Los últimos tres tendrán que cumplir distintas reglas de conducta mientras dure la pena y Toto hijo, además, realizará trabajos no remunerados en favor del club Kilómetro 5, a modo de tareas comunitarias.

Llamado al 145

La causa se inició a partir de un llamado al número gratuito 145 (Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por Trata de Personas) el 11 de diciembre de 2013.

Esa persona, que prefirió no identificarse por razones de seguridad, informó que 4 días antes se había abierto un local nocturno en Buratovich, ubicado en la calle 27 de abril al 1300, que se llamaba Ellas y ellos y tenía como fachada una confitería pero había 16 paraguayas que eran explotadas sexualmente.

La investigación que se inició en ese momento permitió determinar que el mismo rubro comercial luego se trasladó a un boliche de campo/pool en Pedro Luro (en un camino ubicado a la altura del kilómetro 805 de la ruta 3).

Según la información reunida por personal de la Prefectura a la que la fiscalía federal le encomendó profundizar el caso, las mujeres eran trasladadas desde Bahía Blanca en una combi (blanca y naranja) para ser sometidas al ejercicio de la prostitución, con retención del 50% de lo recaudado.

Prolongadas intervenciones telefónicas, en especial a Héctor Toto, permitieron determinar cómo era la trama.

"Se determinó que fue él quien centralizaba la explotación regenteando el boliche, manteniendo contacto fluido con las mujeres, ofreciéndoles trabajo en los boliches de su propiedad, estableciendo los contactos a través de otras mujeres prostituidas, percibiendo el 50% de la recaudación", explicó el juez Foglia.

Su hijo, su pareja y Mercere realizaban aportes relacionados con el traslado, alojamiento y control de las mismas, entre otras funciones.

Las escuchas

En una conversación telefónica del 7 de mayo de 2014, Toto padre habla con otro hombre sobre las dificultades que tenía para habilitar los locales.

"No, en Luro no pude abrir más… y estoy ahí viste estoy con la habilitación, mañana tengo que ir capaz a Luro… tendría que ir para que me haga el, lo que tiene que ir el inspector, pero me han dado mil vueltas viste, no me quieren habilitar (...) yo me mandé la cagada puse a nombre mío… las habilitaciones, y no me van a habilitar".

En la misma charla, Toto reconoció "ellos saben que yo voy a poner mujeres..." y que debió gastar "un montón de plata" para lograr habilitaciones anteriores.

En otra conversación, le pregunta a alguien identificado como "Pimi" si conocía alguna casa grande para alquilar.

"Yo necesitaría si es cuatro dormitorios mejor viste, tres, cuatro dormitorios…algo grande".

Su interlocutor realiza cuestionamientos a su conducta: "Vos sos un huevón porque vos le erraste, ta bien que la bebida por ahí te deja pero y entonces vos pero sabes qué pasa si vos pones una casa de masaje".

"Es lo que quiero hacer ahora, yo tengo allá el campo todavía viste (...) ahí estoy todavía lo tengo al viejo ahí adentro (...) pero no, no puedo abrir porque donde abro me allanan de toque ahí", le respondió.

También se incorporaron a la causa comunicaciones entre Toto padre y su hijo, relacionadas con el traslado de las mujeres desde Bahía hacia Villarino, con punto de partida desde la avenida Colón y Güemes, y una de un control en el puesto Zoofitosanitario donde lo detuvo la autoridad y posteriores comunicaciones de Toto padre "con un tal Roberto" para evitar complicaciones en dicho operativo.

Existen, a su vez, charlas telefónicas entre Héctor Toto y su mujer, referidas a una mujer dominicana que "vivía borracha" y tenían pensado echar y situaciones en las que ella se hacía cargo de coordinar traslados, compras las cajas de profilácticos y también las bebidas.

"Toma perfume, alcohol, de todo toma", le dijo el hombre a Correa González.

Esa misma situación dialogó con Mercere, al aludir que debían expulsarla porque "faltan (rendir) como 60 copas".

"En suma, las pruebas presentadas por las partes y la conformidad prestada por los imputados al suscribir los acuerdos, resultan
concordantes a la hora de acreditar los hechos y el grado de participación achacado", dijo el tribunal.

La mutación del "negocio"

Ordenanza. El 16 de abril de 2015 se aprobó la ordenanza de cierre de los cabarets. Fue el principio del fin, pero solo el principio. No existió desarrollo para enfrentar la problemática y, menos, un final para la prostitución, sino que el negocio mutó.

Plazo. La ordenanza (N° 18.164) estipulaba una autoridad de aplicación, un plazo de 120 días para revisar todas las habilitaciones otorgadas a ese tipo de locales, cuyos dueños debían presentar un proyecto alternativo de funcionamiento.

Cambio. Las casas de citas y los privados reemplazaron a los cabarets, aunque algunos locales sobrevivieron un tiempo más, pero atendían con la persiana baja, como se comprobó en Cat's (avenida Colón y Sixto Laspiur) y Kaos, Las Vegas o El Gran Chaparral (todos de White).

Durante las reuniones se prevé que se evalúen tres ejes centrales de la problemática: uno de ellos es la dinámica comercial del puerto bahiense y su vinculación con el resto de la región, que favorecería el tráfico de estupefacientes.

Las alarmas por el tráfico de drogas a gran escala en el ámbito local se encendieron con el caso Bobinas Blancas en 2017, cuando se incautaron casi 1,5 toneladas de cocaína de alta pureza.

Fue el mayor secuestro de estupefaciente de la historia bahiense.

Otro de los puntos a tratar es la falta de infraestructura o las “necesidades operacionales” al momento de combatir el problema en Bahía Blanca y la zona, como también se abordarán aspectos referidos a la contención de personas adictas a las drogas y la afectación a la salud producto de este tipo de consumo.

“Hay un gran déficit en los aspectos sociales, de salud y económicos referidos a la asistencia de drogodependientes, que casi nadie está abordando”, afirmó el camarista federal Pablo Larriera.

En la actividad se le daría tratamiento además al problema de los “soldaditos”, que son niños y adolescentes -en general consumidores- utilizados para vigilar de manera encubierta y avisar si alguien intenta perjudicar el negocio de las bandas narco, problemática que abordó La Nueva en un reciente informe periodístico.

Está previsto que el encuentro, organizado por la Cámara Federal de Apelaciones bahiense, se lleve a cabo el martes 4 y miércoles 5 de junio en las instalaciones del mencionado tribunal revisor, ubicadas en Mitre 60.

Uno de los participantes será el fiscal federal Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además estarán presentes representantes de la Universidad Nacional del Sur, agentes de la Prefectura Naval Argentina y otras fuerzas de seguridad, funcionarios del ministerio de Seguridad de la Nación y otros especialistas en la temática.

“La idea es armar la actividad acá, en la Cámara Federal, en el marco de la mesa local de intercambio de información sobre narcotráfico, que sigue generando iniciativas. Queremos que sean jornadas prácticas y concretas, no de capacitación”, explicó Larriera.

“El objetivo es reunirnos todos los actores relacionados con la problemática del narcotráfico y la drogodependencia, para proponer temas prácticos sobre problemas, necesidades y preocupaciones en nuestra región y tratar de encontrar alguna solución. Va a ser una actividad de trabajo”, agregó.

La finalidad de la iniciativa es que los operadores judiciales de esta jurisdicción dispongan de información precisa sobre maniobras que podrían estar conectadas con esta actividad ilegal en nuestro ámbito.

“Necesitamos tener datos concretos y que (los auxiliares de la justicia) nos digan, por ejemplo, que hay mucho flujo de contenedores en el puerto, o que (tal cargamento) va a Neuquén por La Pampa, pero no pasa por Bahía”, comentó.

En línea con esta acción local contra el narcotráfico, implementada en los términos de la ley 27.502, el ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, creó en los últimos días una mesa “interinstitucional para mejorar la articulación entre las justicias federal y provincial”.

La medida apunta asimismo a diseñar “mecanismos de intercambio de información, intercambiar criterios de política criminal y revisar posibles conflictos de competencia”.

El apoyo financiero se destinará, primero, a las Cámaras Federales de Apelaciones de Rosario y Mendoza y, posteriormente, se girarán los fondos al resto de las cámaras del país, según se publicó en la cuenta de la cartera nacional en la aplicación X.

El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, y el subsecretario de Política Criminal, Alberto Nanzer, encabezaron la reunión de la cual también formó parte el jefe de la PROCUNAR.

“Lo que está haciendo ahora el ministerio de Justicia es crear una mesa más interinstitucional con otros actores que no participan directamente de las investigaciones, como por ejemplo la Junta Federal de Cortes y la UIF (Unidad de Información Financiera)”, precisó el bahiense Iglesias.

“Es una mesa mucho más amplia en la cual se debaten temas que exceden el intercambio de información sobre los casos concretos o, en términos generales, de política criminal, que es lo que hicimos en Bahía Blanca. Actúan organismos que no están previstos en la ley”.

“Son acciones distintas. Las mesas de coordinación que celebramos en Bahía se realizan en los términos de la ley 27.502, entre jueces y fiscales federales y provinciales, y la PROCUNAR”, continuó diciendo.

“Veremos los resultados de esta mesa más grande que están creando, pero es complementaria de las anteriores”, concluyó Iglesias.

Al respecto, el juez Larriera añadió que la mesa que “está diseñando el ministerio es más general e integran a la Procuración General de la Nación, funcionarios de la justicia Nacional y de diversas provincias, y a la PROCUNAR”.

“Es una mesa impulsada a nivel nacional”, confirmó Larriera.

El incidente sucedió el viernes pasado, en horas de la noche, aunque se conoció hace algunas horas luego de que se viralizaran por las redes unos videos de la violenta situación. 

Según la secuencia, algunos jóvenes de ambos sexo discutieron y luego se tomaron a golpes de puño.

El hecho sucedió a metros de un banco local, sobre Stegmann al 500, entre Alem y Mitre.

Primero, según se puede advertir, existió una agresión verbal cruzada y luego llegaron a los golpes de puño y la situación se desbordó.

Se puede ver a una mujer pegándole a un hombre y, a su vez, a un hombre golpeando a una mujer, luego otra persona que cae y está muy cerca de dar con su cabeza en el cordón de la vereda.

El hecho terminó cuando algunos de los protagonistas del enfrentamiento se fueron en un automóvil y otros caminando.

Luego arribaron algunos patrulleros y, según se informó hoy, habían sido aprehendidos -y luego liberados-  Luis Alberto Schmidt (38) y Schmidt Ricardo Enrique Schmidt (34), imputados de lesiones y amenazas.

Dos de las mujeres agredidas realizaron la denuncia en sede policial, según se informó.

Se desconoce el causal de la pelea y si los sujetos estaban alcoholizados.

Por las actuaciones sumariales se le dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca (agencia Coronel Pringles).

Escoltado por personal de la Policía Federal Argentina, en cuyos calabozos pasó la noche de ayer, el uniformado -ya desafectado de la fuerza bonaerense- se negó a declarar, según el adelanto de sus abogados Bárbara Ságer y Leonardo Gómez Talamoni.

En principio se le imputa a Ñancucheo haber facilitado su handy encriptado a la banda que, la noche del lunes 6, tendría previsto robar conductores de cobre de una línea de media tensión en un campo de la ruta 33, aunque un golpe de electrocución motivó 4 fallecidos y un herido.

La imputación formal, por ahora, es robo agravado por ser cometido en despoblado y en banda, en grado de tentativa y en carácter de partícipe primario.

Ubican al policía en el lugar de los hechos

De todas maneras, no se descarta que el subcomisario haya estado presente en el lugar del delito. Trascendió que un informe de una compañía de teléfonos ubica su celular en la zona del establecimiento San Bautista del Sur (kilómetro 45,6 de la ruta 33), al cual los delincuentes habrían ingresado para cometer el delito que terminó de la peor manera. 

Las otras dos personas detenidas son Ángel Daniel Gallardo (63), padre de una de las víctimas fatales, y Emanuel Chamorro Sepúlveda (20), quien resultó herido en medio de la descarga eléctrica.

En el hecho fallecieron Facundo Marcelo Uribe, Nicolás Joaquín Acosta, Federico Ezequiel Strick y Fernando Ariel Gallardo.

El homicidio, según la investigación que llevó adelante el fiscal Jorge Viego, se produjo el 24 de julio de 2022, en Darregueira 2530, cuando Delgado, con la utilización de un arma de fuego calibre 9 milímetros, habría realizado múltiples disparos hacia esa vivienda, en la cual se encontraban reunidas varias personas.

Como consecuencia de ese accionar, dos de los disparos impactaron en el cuerpo de la joven de 20 años, provocándole lesiones que produjeron su deceso.

Delgado llega a juicio imputado del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

El debate se realizará en la sala de audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3, Estomba 34.

La aprehensión se llevó a cabo en la zona de Villa Rosario Sur, en Brown al 2.600.

En ese lugar, personal del Comando de Patrullas interceptó un Citroën C3, en el que se transportaban Diego Gerazzi, de 32 años; Fernando Aggio, de 39, y Camila Hernández, de 25. Estas personas habían sido vistas en el centro bahiense realizando maniobras tipo pasamanos.

Entre las ropas del primero de ellos se encontraron ocho envoltorios con una sustancia polvorienta blanca símil cocaína.

Además, en el vehículo se hallaron dos envoltorios de la misma sustancia, envueltos en billetes de 50 y 20 pesos.

En total, fueron ocho bochas de 6,9 gramos y una de 0,7. También se secuestró dinero en efectivo por 59.410 pesos, en billetes de diferentes denominaciones, además de tres celulares.

Las tres personas fueron aprehendidas por infracción a la Le 23.737. La causa corresponde a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 19.

Según la causa investigada por la UFIJ Nº 14 a cargo de Marcelo Romero Jardín, el hombre -al que no se identifica para preservar a las jóvenes- estaba acusado de haber abusado de las menores entre 2013 y 2019, cuando tenían entre en 10 y 17 años.

La denuncia había sido realizada en 2021 por la madre luego de que sus hijas revelaran lo que habían vivido en manos de su padre durante esos años, aprovechando una discusión que se había generado con motivo de la separación de la pareja.

El hombre había llegado al juicio acusado de 6 hechos de abuso sexual simple, reiterado, doblemente agravado por el vínculo y por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años (hechos I, II y III), en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante doblemente agravado por el vínculo y por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años (hechos IV, V y VI).

En el juicio las víctimas declararon en favor de su padre y también dijeron que fueron manipuladas por su madre. 

Sin embargo, el fiscal del caso, Marcelo Romero Jardín, está convencido de que los abusos existieron pero ahora, a partir del veredicto de no culpabilidad dictado por el jurado, no tiene posibilidades de apelación. 

El acusado, a quien no se identifica para preservar a las jóvenes, recuperó ayer mismo su libertad, luego de estar detenido por la causa desde septiembre de 2022.

La medida -pedida la semana pasada por el fiscal Gustavo Zorzano- la dispuso hoy el Juzgado de Garantías N° 1.

Fuentes consultadas indicaron que Ñancucheo se presentó solo en la delegación local de Cibercrimen, ubicada en Río Atuel al 200, y se puso a disposición de la justicia, tal como había adelantado su abogado Leonardo Gómez Talamoni.

Esta mañana La Nueva. dio a conocer el resultado de un informe de telefonía que ubicaba al celular de Ñancucheo, la noche del hecho, en la zona del campo donde se produjo el frustrado delito.

Con las pruebas periciales y testimoniales -que lo ubican en el centro asistencial en un Chevrolet Meriva, de las mismas características a la que fue vista en el campo de la ruta 33- se ordenó la detención del uniformado, quien cumplía funciones en la comisaría Cuarta y actualmente está desafectado de servicio. 

Fuentes consultadas indicaron que quedaría alojado en la delegación local de la Policía Federal y mañana a primera hora será indagado por el fiscal Zorzano.

Desde la seccional Quinta indicaron que el procedimiento está relacionado con una serie de operativos que vienen desarrollando en el último tiempo, dispuestos por la Estación de Policía Departamental y la secretaría de Seguridad municipal.

Los voceros señalaron en un parte de prensa que inspeccionaron un local ubicado en Pampa Central al 3.700, propiedad de Roberto Becer (30), donde hallaron un rodado marca Volkswagen Passat sobre el que pesaba un pedido de secuestro elevado en 2017 por la UFIJ N° 1 de Lanús.

Desde la dependencia del barrio Noroeste también refirieron que en el predio encontraron otros vehículos y autopartes acerca de los cuales se intenta determinar la procedencia.

En tanto, procedieron a la clausura del lugar por carecer de habilitación municipal.

Finalmente mencionaron que a partir de lo detectado en el sitio dieron intervención a la fiscalía y al Juzgado de Faltas.