Reforma laboral: ¿de qué se trata la normativa que pasó al Senado?
Se aprobó ampliar los períodos de prueba, incluir la posibilidad de un fondo de cese laboral en reemplazo de la indemnización y condonación de multas para el trabajo no registrado.
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Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.
La aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal en Diputados en vísperas del 1° de Mayo generó críticas de diversos sectores del sindicalismo,y así lo hicieron saber en el acto y movilización del miércoles pasado con motivo del Día del Trabajador.
Con media sanción del Congreso, ahora todas las miradas estarán en el Senado, que en las próximas tres semanas definirá la suerte del paquete de medidas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.
Cabe recordar que el martes, en una maratónica sesión, la Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral y también la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias.
La mayoría de los gremios participaron de la movilización convocada por la CGT a nivel nacional. En Bahía Blanca, con buena afluencia de personas, se manifestaron en contra de las políticas laborales impulsadas por la administración de La Libertad Avanza y prometieron un plan de lucha, que, como primer paso, tiene el paro general del próximo jueves.
La reforma pretendida
En el debate artículo por artículo de la Ley Bases, el oficialismo logró avanzar con una reforma laboral que tiene tres ejes: habilitar la posibilidad de un fondo de cese laboral en reemplazo de las indemnizaciones; un blanqueo para promocionar el empleo registrado y la ampliación a un año del período de prueba.
Un sector de la UCR intentó incluir una reglamentación para limitar las “cuotas solidarias” a los sindicatos, pero no tuvo el apoyo de los bloques de La Libertad Avanza, Pro y Hacemos Coalición Federal.
Los puntos más importantes del proyecto, que se debatirá en la Cámara de Senadores, son:
--Fondo de cese laboral. Este mecanismo sirve como alternativa a las indemnizaciones y deberá ser constituido mediante convenio colectivo de trabajo; es decir, con un acuerdo entre las cámaras empresarias y el sindicato más representativo del sector. El monto del aporte mensual, que no podrá superar el 8% del salario, corre únicamente por cuenta del empleador y constituirá un fondo de cese laboral. El proceso administrativo, en tanto, deberá ser reglamentado por la Secretaría de Trabajo.
Toma como ejemplo el modelo que tiene implementado la Unión de Obreros de la Construcción Argentina (Uocra) con un esquema de seguros de desempleo con “mayor profundidad financiera”. Funciona de la siguiente manera: el empleador deposita el 12% del salario mensualmente en el fondo durante el primer año de la relación laboral y el 8% a partir del segundo año. El dinero se deposita en una cuenta bancaria, genera intereses para el trabajador y son inembargables. El dinero es de libre disponibilidad.
--Período de prueba. Si bien se mantiene la vigencia de seis meses para la generalidad, este período de prueba se puede ampliar, aunque se contempló un plazo mayor para las Pymes. Podrá ser de hasta ocho meses en las compañías de seis y hasta cien trabajadores; y de hasta un año en las empresas de hasta cinco empleados.
--Promoción del empleo registrado. Eximición de sanciones a empleadores que no tenía a trabajadores registrados. “Es un premio a las patronales”, lo cuestionó Romina del Plá (Frente de Izquierda).
--Discriminación. Se estipula un “agravamiento indemnizatorio” en los despidos que, tras una sentencia judicial, se pruebe que estos fueron motivados por un acto discriminatorio.
--Simplificación registral. Establece un régimen simplificado de registración laboral con un aporte único para las empresas de hasta 20 empleados. Además, se prevé un sistema de condonación de multas por trabajador no registrado.
--Trabajador independiente. Establece que se podrá contratar hasta otros cinco trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo y podrá acogerse a un régimen especial unificado, que estará basado en una relación autónoma, sin que exista vínculo de dependencia entre ellos ni con las personas contratatantes de los servicios u obras. Desde la CGT rechazan este punto porque consideran que promueve la informalidad laboral. Lo llaman los sindicalistas “el ítem cuadrillas”.