Ganaderos piden respuesta por el alza de delitos rurales en Bahía y la zona

Gerardo Monforte

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Periodista especializado en la cobertura de temas judiciales y policiales desde 2010, con 20 años de actividad en La Nueva. Producción de información sobre causas y juicios, muchos de ellos con gran repercusión local, nacional e internacional. Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social, de esta ciudad. 

Representantes de productores agropecuarios manifestaron preocupación por el incremento de los delitos cometidos este año en campos del partido de Bahía Blanca y la zona, en comparación con períodos anteriores.

Las autoridades del sector se refirieron además a la modificación en la administración de los fondos correspondientes al Comando de Prevención Rural (CPR).

Antes la Municipalidad recibía partidas provinciales destinadas a Seguridad y transfería a la Asociación de Ganaderos y Agricultores (AGA) bahiense el dinero necesario para el funcionamiento de la Patrulla Rural.

La AGA administraba los montos para la compra de combustible y neumáticos, reparaciones y comunicaciones de los móviles policiales y posteriormente rendía cuentas al municipio mediante la presentación de comprobantes.

La institución además designaba a un “coordinador o baqueano” que se desempeñaba como “enlace” entre los productores y la Policía, al igual que “orientaba” el trabajo policial y “controlaba la asignación de los recursos”.

Mariano González Martínez, integrante de la comisión directiva de la AGA, remarcó el “éxito” de la anterior metodología para controlar la inseguridad en el medio rural.

De hecho -afirmó-, las tareas de prevención eran “efectivas” y sobre todo se “desarticularon" bandas de cuatreros que operaban en el sudoeste bonaerense.

Este modelo se consolidó con la actuación de un equipo especializado en la investigación de delitos rurales, dependiente de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 20, a cargo del fiscal Rodolfo de Lucia.

“Pero el año pasado, después del cambio de autoridades, dejamos de recibir esos fondos. En marzo mantuvimos una reunión con el intendente Federico Susbielles, quien nos manifestó que era decisión del nuevo gobierno hacerse cargo de la administración del CPR”, confirmó González Martínez.

“El argumento fue que (la administración de ese dinero) es una obligación del Estado, planteo que compartimos pero también es cierto que el Estado no lo había hecho bien en el pasado. Ahora otra vez se presentaron problemas y los productores reclamamos soluciones”, agregó.

El aumento de este tipo de delitos se dio al mismo tiempo de un cambio en la administración de los fondos para el mantenimiento de la Patrulla Rural, aunque se desconoce si ambas situaciones están conectadas.

Según el entrevistado, la actividad agrícologanadera en este distrito atraviesa una “ola de inseguridad como no teníamos desde hacía tiempo”.

En base a estadísticas elaboradas por la AGA, el dirigente precisó que en el transcurso de este año se registraron al menos 30 hechos de inseguridad en establecimientos rurales de nuestro ámbito, mientras que durante todo 2023 se consumaron 23 ilícitos en total.

“Se trata de delitos de todo tipo, desde el corte de alambrados hasta casos de abigeato, faena de hacienda e ingresos a los campos con fines de robo”, detalló el hombre.

En 2022 se consumaron 24 ilícitos y en 2021 se registraron 17 episodios delictivos en la zona rural.

"Sobre el tema del robo de cables de electricidad, que ahora tomó estado público, le veníamos avisando a la Policía desde hacía tiempo porque además genera el corte de alambrados en los campos", dijo.

Si bien estos últimos son incidentes de menor gravedad, pueden provocar inconvenientes mayores como "mezcla de hacienda" y la circulación de ganado en la vía pública, con siniestros viales como posible resultado.

"La situación de inseguridad en el distrito empeoró y entendemos que este aumento de ilícitos debe ser combatido con más actividad policial y judicial, porque la impunidad genera más inseguridad".

"Por muchos años la AGA trabajó en conjunto con la Municipalidad para combatir la inseguridad en el campo, pero ahora no tenemos más margen de acción", continuó González Martínez.

Otras gestiones

Durante el gobierno municipal de Jaime Linares -recordó- se realizaban controles en carnicerías para impedir la venta de carne de procedencia ilícita, con la participación de personal de Bromatología, un veterinario designado por la AGA y policías afectados a este tipo de investigaciones.

A entender del ruralista, aquellos procedimientos resultaron satisfactorios porque así se "cortaba la cadena comercial" ilegal originada por hechos de abigeato.

"Con el intendente (Rodolfo) Lopes también se trabajó bien y se lograron grandes progresos contra el robo de cereal en los accesos al puerto, pero no se pudo seguir avanzando por cuestiones judiciales", explicó el referente del sector.

Si bien la entidad ya no maneja los fondos para el CPR, González Martínez aseveró que colaborarán con la comuna "en todo lo posible" para garantizar la seguridad de los productores agrícolas locales y de partidos cercanos.

"Ahora se nos presentaron de nuevo estos problemas de inseguridad, por eso reclamamos soluciones", enfatizó el miembro de la AGA.

"Se habló de generar una mesa de trabajo, pero por ahora no sucedió. Nosotros no tenemos más el control  sobre los recursos de la Patrulla Rural ni su funcionamiento", añadió.

"Tampoco sabemos si se siguen haciendo patrullajes por la zona rural, porque ya no tenemos esa relación directa que manteníamos con la Patrulla Rural", completó.

Al respecto el hombre sostuvo que la función de esta división policial se centra en "tareas de inteligencia e investigación", por lo tanto realiza "poco patrullaje".

"Porque son escasos los resultados positivos que estos policías van a conseguir patrullando por los campos. Lo que tienen que hacer son trabajos de inteligencia y hablar con los productores para obtener información y tener conocimiento de dónde están los problemas para enfrentarlos", analizó el entrevistado.

"Tantos años de experiencia nos indican que esta es la manera correcta de trabajar. Esto antes lo podíamos aportar mediante el contacto con el baqueano y los productores. Supongo que hoy en día obtendrán esa información de otra forma", finalizó.

Por su parte un ganadero de la zona de Nueva Roma se refirió a la sustracción de 90 vacas en su campo, donde justamente se ubica el destacamento policial de aquel paraje tornquistense.

Delitos no denunciados

Diferencia. Autoridades policiales discreparon con la estadística actual que confeccionó la AGA. "Muchas veces chacareros son víctimas de ilícitos, pero no los denuncian. Por eso tiene sentido que sus cifras y las nuestras no coincidan", expresó una fuente policial.

Intervención. "En los últimos 3 meses la Patrulla Rural actuó en relación con 4/5 hechos. Para mí estamos en un rango normal y el incremento de delitos rurales no es preocupante", opinó.

"Normalidad". El CPR funciona con "normalidad" a pesar del cambio en la administración de sus fondos, según se informó oficialmente.

Abigeato. La UFIJ Nº 20 tramita causas por "abigeato y hurto campestre", pero no investiga delitos como robo de cables y alambrados en campos, con intervención de fiscalías genéricas. "En lo que va de este año los abigeatos aumentaron un poco en comparación con el mismo período de 2023", se indicó desde fiscalía.

Usurpaciones. González Martínez mencionó el problema de la "usurpación de escuelas rurales" en este distrito por parte de una familia de Villa Harding Green, presuntamente también autora de delitos contra chacareros en establecimientos cercanos. "Felizmente eso se pudo controlar", dijo.