Bahía Blanca | Viernes, 29 de marzo

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Un llamado de atención y las sospechas macristas

La multitudinaria marcha sindical y política de ayer no se agota en el dato, de todos modos significativo de ser la primera gran protesta de la oposición contra la política económica del gobierno, a casi 150 días de haber asumido la gestión de gobierno. Implica, por encima de ese dato del calendario, la toma de posiciones de varios sectores que hasta no hace poco tenían poco y nada en común.

Y hasta se denostaban unos con otros. Una simplificación de ese escenario permitiría sostener que fiel a su tradición, el peronismo de todo color y pelaje podría estar empezando a oler sangre. Y vería ahora mismo, sin reparar en que Mauricio Macri encabeza una administración que ha tenido que asumir en un contexto económico y social como no se recuerda desde el retorno de la democracia hace 33 años, su oportunidad de empezar a dar los primeros pasos para volver al gobierno.

Las elecciones parlamentarias de 2017 sería su primera parada, con la mira puesta en la recuperación del poder dos años más tarde con la instalación de otro peronista en la Casa Rosada.

En el gobierno nadie por ahora traza semejantes complicidades, pero hay algunos datos de la realidad que han llamado la atención y encendido algunas alarmas. A fin de cuentas la marcha de ayer frente al Monumento al Trabajador fue organizada por las cinco centrales sindicales en un marco de visos de unidad, y en reclamo al gobierno por asignaturas que ya estaban planteadas incluso antes del 10 de diciembre, como es el caso del impuesto a las Ganancias, o la universalización de las asignaciones familiares, como también el 82 por ciento móvil para los jubilados.

Se le agregaron ahora dos reclamos, uno de ellos que no deja de ser curioso: el primero, contra los despidos que se produjeron en el Estado y en la actividad privada, que los caciques sindicales adjudican a las medidas de ajuste que tuvo que tomar el gobierno. No en vano Juan Carlos Schmid le reclamó ayer al macrismo que "no se escude en la herencia recibida" para justificar los tarifazos y los despidos o la demora respuesta a aquellas asignaturas.

El siguiente fue más una amenaza a futuro que un faltante del presente: el documento sindical le reclamó al gobierno que respete el derecho de huelga. El párrafo pareció escrito por Pablo Moyano, que un rato antes había amenazado a Macri con "muchísimos paros nacionales" si no se atienden ahora mismo sus reclamos.

Lo que llama la atención, aunque no debiera sorprender, es que de esa protesta anunciada se colgaron sectores del cristinismo duro, y del propio peronismo que hasta hace unos días se mostraba comprometido con la gobernabilidad y dispuesto a ayudar al gobierno a salir del momento actual, que un insospechado Federico Pinedo calificó el jueves como "el peor" de la gestión llevada adelante hasta ahora.

Aunque no en posiciones preponderantes, ayer hubo movilización de sectores de La Cámpora, del peronismo no kirchnerista y de la inefable izquierda vernácula. Ese dato, tal vez agigantado por algunos sectores oficiales, se potencia con expresiones de los últimos días.

Por caso la del referente de Carta Abierta, Ricardo Forster, que le deseó al gobierno de Macri "que le vaya mal". A Hugo Moyano le no gustó la idea de tanto rejunte y tampoco al gobierno que empieza a mirar todo de reojo. Por eso se preguntan qué hacían en la marcha sindical personajes como Aníbal Fernández y Guillermo Moreno.

La mirada entre crítica e intrigada de ese escenario se mezcla con otras de las últimas jornadas. La primera tiene que ver con el sonoro fracaso del gobierno en el Senado, donde la ley que prohíbe los despidos pasó sin querellas y con más de los dos tercios que necesitaba para darle media sanción. Fracasaron las gestiones de Rogelio Frigerio ante los gobernadores, que le dijeron que entienden al dedillo las explicaciones para enfrentarse a esa ley, pero que no pudieron convencer a sus legisladores. O la repentina actitud de Miguel Pichetto, casi un aliado en las últimas semanas para el gobierno y factor central de la aprobación de las leyes para salir del default, que ahora se coloco en una vereda opositora muy cercana a la que transitan los seguidores de Cristina Fernández.

El gobierno sospecha con todas las letras que el peronismo se ha unido en torno a la sanción de la ley antidespidos no tanto porque en el fondo les interese preservar el empleo. Héctor Recalde siempre estuvo en contra de la ley que hoy defiende. Lo que buscan, es al menos lo que barruntan altos funcionarios, es hacerle pagar a Macri el costo político de tener que vetar la ley si finalmente pasa el filtro de Diputados. Verdadero o falso, lo cierto es que eran unos cuantos los que en el gabinete intentaban convencer por esas horas al presidente de "no caer en la trampa" que le buscaría tender el bloque que responde ciegamente a la ex presidente. Otros sostienen que si no veta esa ley "se acaba la generación de empleo y la llegada de inversiones" que alimentó la salida del default tras el pago a los fondos buitre.

El presidente estaría más cerca de estos que de aquellos. Y a estas alturas le resultaría difícil volver de un discurso duro en contra de la ley que mantuvo sin respiro durante sus últimos actos. Marcos Peña y Frigerio dicen de todos modos que lo ocurrido en la cámara alta es una cosa y que no está escrito que en Diputados la oposición vaya a anotarse otro poroto.

A vuelo de pájaro, surge nítido que el gobierno dependerá en mucho de lo que haga Sergio Massa. El diputado del Frente Renovador, mal que les pese, ha decidido pararse otra vez en la "ancha avenida del medio" para beneficiarse de la pelea sin cuartel en la que se han enfrascados macristas y cristinistas.

Hay otras miradas. El macrismo, según la acertada definición de un analista político, ha demostrado hasta ahora que tiene mucho laboratorio pero que le falta calle. Aquellas trapisondas del cristinismo recalcitrante, por citar un caso, se veían venir apenas la doctora se encaramó al palco de Comodoro Py.

Pero por las suyas ha cometido algunas torpezas: Macri podría haber frenado el trascendido sobre un nuevo e inminente aumento de las naftas justo antes de que todo el sindicalismo salga a protestar por los aumentos de precios y de las tarifas, entre otros males para el bolsillo popular.

Tampoco debió dejar que un economista que no es del gobierno, como González Fraga, poco menos que anunciara que en 30 días habrá un plan antiinflacionario que entre otras medidas le reclamó la concentración de ayer.

El gobierno haría bien, por fin, en corregirse hacia adentro: hay demasiadas internas para un gabinete que necesita estar concentrado en cómo salir del momento actual y llegar al objetivo de que todo se vea un poco mejor en el segundo semestre del año. En especial porque las encuestas han empezado a marcar que la paciencia ciudadana tiene un límite.